Del 25 al 27 de octubre se está realizando en Barranquilla, ciudad industrial y capital del Caribe colombiano, la II Asamblea de la Red de Universidades Protestantes y Evangélicas de América Latina – Qonakuy. Representantes de más de 14 instituciones de educación superior de la región se congregan para intercambiar experiencias académicas, teóricas y prácticas para el Desarrollo Sostenible y nuestro Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio les acompaña como aliado.
En ese marco Horacio Mesones, Director Ejecutivo de CREAS, fue invitado al conversatorio sobre Inclusión, Género y Diversidad, junto a Laura Chacón en representación del programa Colombia de la Federación Luterana Mundial. Al evento asistieron docentes, estudiantes e investigadores de la Corporación Universitaria Reformada (UniReformada), universidad anfitriona de la Asamblea y del Colegio Americano de Barranquilla, que también pertenece al sistema educativo Reformado de Barranquilla.
La invitación se dio específicamente por la experiencia del Fondo de Pequeños Proyectos CREAS, en apoyo a proyectos como Juntas y Unidas.
Juntas y Unidas es un emprendimiento de la economía social y solidaria dedicado al cuidado de personas en su salud, su recreación, trámites que necesiten. Es su apuesta para superar la exclusión social y habitacional, y poder construir trayectorias laborales planificadas y duraderas, basadas en su profesionalización. Es una opción autogestiva que apunta, según las palabras de sus integrantes, a un acercamiento de las personas de orientaciones sexuales e identidades diversas con la economía formal, una relación saludable con el mundo del trabajo que habilite espacios de formación y reafiliación social.
El proyecto de Juntas y Unidas expone realidades de discriminación, estigma y derechos vulnerados. Nos habla de capacidades y saberes que se movilizan y se ponen en contacto. Y nos habla también de solidaridades y cooperación para dignificar vidas. Desde CREAS, mediante el Fondo de Pequeños proyectos, fortalecemos la inclusión social y económica, apoyando en este caso iniciativas de formación y equipamiento.
Desde este trabajo que realizamos en CREAS, propusimos entonces, en este conversatorio en la UniReformada sobre diversidad, inclusión y género, algunas reflexiones para promover el diálogo entre los participantes en este espacio.
Algunos datos relevantes compartidos en el encuentro y al final de este blog el video de la transmisión en vivo:
Lo primero que nos preguntamos, desde la mirada a los derechos de las diversidades, fue el tamaño del problema, ¿cuántas personas son afectadas por su identidad llamada “diversa” (como si no fuera esa una característica humana inherente)? ¿Cuál es la extensión o la profundidad de esta problemática que, más allá de la garantía de los derechos individuales, afecta en profundidad las estructuras sociales?
Recientemente el PNUD elaboró un cuerpo de indicadores para medir el avance en la efectivización de derechos basados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Aunque en los propios documentos del PNUD se señala que las estadísticas son inexistentes, incompletas o inaccesibles en relación a las personas LGBTI, estos indicadores constituyen un marco para analizar las realidades de este sector poblacional.
Los indicadores construidos por el PNUD se nuclean en cinco ejes que son esenciales de analizar:
- Seguridad personal y violencia
- Participación política y cívica
- Bienestar económico
- Salud
- Educación.
Seguridad personal y violencia: La población LGBTI está más expuesta a la violencia física, verbal y psicológica, que incluye la probabilidad de ser expulsados de sus casas, la violencia policial, la exposición a discursos de odio (incluyendo redes sociales), situaciones que además se han agravado con la pandemia. Como demuestra un reciente informe de Caribe Afirmativo (por el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, expresiones e identidades de género diversas en Colombia.), la tasa de homicidios en el Caribe colombiano contra personas LGBTI, en particular personas trans, ha aumentado de manera consistente en los últimos años. Muchos hechos de violencia no son denunciados, y las instituciones no siempre dan respuesta de manera eficaz y oportuna. Los efectos de la violencia a largo plazo derivan en afectaciones a la salud mental.
Participación política y cívica: Las organizaciones que promueven los derechos de la población LGBTI sufren los efectos de la reducción del espacio habilitante para la sociedad civil, reforzadas por estigma y la discriminación. La reducción de espacio incluye en muchos países la posibilidad de constituirse como organizaciones legales, hostigamiento en redes, desacreditación pública y violencia contra sus líderes. Este punto es clave, porque cuando se reduce el espacio de la sociedad civil organizada, se afecta los sectores más vulnerables.
Bienestar económico: Las dificultades para el acceso a un trabajo digno y el riesgo de vivir situaciones de acoso y violencia, refuerza y retroalimenta el riesgo de caer en la pobreza y en la inseguridad alimentaria. En particular, las personas transgénero tienen menos oportunidades de acceder al mercado laboral. Los datos muestran que los empleos se concentran en el sector servicios y en el turismo, que fueron los más afectados por la pandemia. Aunque en Sudamérica la mayoría de los países han aprobado legislaciones de unión civil o matrimonio igualitario, la ausencia de esta legislación corta la posibilidad de beneficios económicos por la vida en pareja.
Salud: Los problemas se sitúan en el plano de la estigmatización y la discriminación, pero deben mencionarse también los derivados de la patologización médica (, que sigue ocurriendo pese a que desde 1990 la OMS eliminó la homosexualidad como enfermedad. El caso de Colombia es una muestra clave, pese a ser uno de los 10 países con un marco legal más amplio en términos de los derechos garantizados, es uno de los países en los que las terapias de conversión no son ilegales.
A todo este marco se suman los problemas de salud mental y automedicación, agravados durante la pandemia.
Educación: Las personas LGBTI sufren mayor acoso escolar, violencia física y psicológica por falta de dispositivos institucionales y de implementación de políticas integrales contra la discriminación en ambientes educativos. Los sistemas educativos resultan en muchas oportunidades expulsivos para las personas LGBTI, resultando en mayores índices de ausentismo y deserción, con el consecuente impacto en el desarrollo de habilidades para la inserción social y económica y, como se mencionó anteriormente, con un aumento de probabilidad de caer en situaciones de pobreza e inseguridad alimentaria.
Se debe tomar en cuenta además que estos efectos se agravan cuando se consideran desde una perspectiva de género. Cuando se trata de mujeres, las proporciones decaen aún más.
Caminos ya recorridos
En el año 2019 la UniReformada y la Iglesia Unida de Canadá, con el apoyo de CREAS, convocaron a la Consulta internacional: Sexualidad humana, género y diversidad, que convocó a instituciones de educación superior, seminarios teológicos, personas de iglesias, agencias de cooperación ecuménica, organizaciones cristianas de servicio, organizaciones de la diversidad, y plataformas de paz. Este encuentro tuvo como objetivo compartir experiencias, reflexionar sobre la realidad de las personas LGBTI en América Latina y el Caribe, y realizar propuestas para la reafirmación de derechos.
El intercambio colocó preguntas respecto a qué cambios se necesitan en las instituciones, en las prácticas y en nuestras comprensiones para responder a los desafíos en la región en los temas de justicia de género, inclusión y diversidad con un sentido transformador que apunte a la equidad y la paz. Derivó en un documento (en español e inglés) con los siguientes objetivos:
- Proporcionar un marco de análisis en relación a temas de género y diversidad sexual en América Latina y el Caribe.
- Presentar los estándares mínimos a nivel internacional sobre derechos en justicia de género y en relación a población LGBTI.
- Definir principios bajo los cuales las iglesias y organizaciones basadas en la fe (OBF) fomentan la inclusión y el respeto a la diversidad humana.
- Delinear propuestas de acción pastoral y de incidencia pública y política en favor de la dignidad humana y el pleno ejercicio de derechos.
A partir de los diálogos en la consulta y la reflexión en CREAS, destacamos algunos principios a tener en cuenta:
- La diversidad como una realidad que se expresa en todos los espacios sociales, incluyendo en el espacio público, familias, escuelas, iglesias y espacios laborales, para nombrar algunos.
- El trabajo que se fundamenta desde la espiritualidad y la fe cristiana con un horizonte ecuménico que se proyecta hacia todas las expresiones de fe, que nos llama a la solidaridad con las personas afectadas por las desigualdades, la pobreza y las violencias. En este sentido, recuperando las conclusiones del encuentro del 2019, apuntamos a una inclusión que transforme comprensiones y relaciones, y que también se proyecte con un sentido de justicia social. Inclusión para nosotros, es Koinonia:
“comunión que se construye a partir del reconocimiento y valoración de la diversidad humana y de los dones de aquellos y aquellas excluidos de sus familias, sus comunidades e inclusive de sus iglesias. En una América Latina donde debemos comprender a la diversidad en contextos de violencia, pobreza e inequidad crecientes, la iglesia debe no solamente reafirmar identidades en la diversidad, sino también crear entornos amorosos en los que relaciones de mayor equidad y no violencia sean posibles. Imaginamos comunidades de fe donde se confían responsabilidades a personas LGBTI para edificación de toda la comunidad, y para su empoderamiento a los fines de ser testimonio público de la vida en su plenitud.”
- La diversidad como valor y como proyecto sociopolítico, con un llamado a unidad como estrategia que promueva y sostenga ese proyecto.
- El análisis y el trabajo desde las interseccionalidades observando las causas de exclusión que se refuerzan (discapacidad, lugar de proveniencia, etnicidad, situación económica, género, etc.).
- La necesidad de basar las respuestas en el conocimiento y en función de estereotipos y prejuicios. Como se ha mencionado, las fuentes de datos oficiales son escasas, incompletas o inaccesibles, así como la disponibilidad de investigaciones sobre diversidad y desarrollo. En este sentido, vemos como de gran importancia el contar con espacios para el compartir análisis de contexto, testimonios y experiencias que puedan socializarse y visibilizarse.
Desafíos para las instituciones
Desde el trabajo de fortalecimiento de diaconía de iglesias, organizaciones basadas en la fe, organizaciones ecuménicas y organizaciones comunitarias, y en el contexto de un diálogo que se sostiene en las instituciones educativas, identificamos en conjunto (también con las experiencias narradas por docentes y estudiantes presentes en el conversatorio), los siguientes desafíos:
- Fundamentarnos en un paradigma de desarrollo sostenible y transformador, como lo define Act Alliance.
- Recuperar al conjunto de actores en los distintos procesos, para un trabajo en clave participativa. Esto incluye recuperar a los actores de la educación, incluyendo a docentes, familias, comunidad, iglesia.
- Fortalecer el trabajo desde saberes que dignifican y afirman derechos.
- Reafirmar el derecho a aprender y trabajar en un entorno seguro y habilitante que los equipe en saberes, habilidades y valores de dignificación de las personas.
- Observar las metodologías y los cómo de nuestra acción, apuntando a que sean consistentes con los fines y objetivos de inclusión.
- En el campo educativo, implica poner atención sobre las didácticas, tanto en modalidades presenciales como en línea o híbridas.
- Implementar procesos de formación de liderazgo, y de formación del cuerpo docente en el caso de las instituciones educativas.
- Formular e implementar políticas y protocolos contra la discriminación y la violencia, y la promoción de espacios seguros de trabajo y aprendizaje.
- Recordar que estos camios institucionales implican inversión de tiempo y recursos financieros.
CREAS promueve los derechos de mujeres, jóvenes y diversidades bajo el principio de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030, a través de la acción del Fondo de Pequeños Proyectos.
Mira la transmisión que hicimos del conversatorio en vivo y conoce también allí un pequeño adelanto del caso de Juntas y Unidas, la cooperativa de mujeres trans que apoyamos con el Fondo de Pequeños Proyectos – FPP CREAS en Rosario (Argentina), y que presentaremos muy pronto entre nuestros contenidos:
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