La pandemia del COVID-19 ha tenido en América Latina un cuádruple impacto: sanitario, económico, político y educativo. Me concentraré en este último punto, no desligado de los anteriores, teniendo en cuenta la realidad presente y la que se proyecta en el período post pandemia. De tres maneras el cierre de las escuelas, la desigualdad digital y la emergencia de alternativas no formales ha afectado a las familias, comunidades y organizaciones.
La escuela (entendida como todo centro educativo) es un organizador de la vida social más allá de su función pedagógica. Organiza tiempos, permite trabajar a padres, madres y cuidadores/as, brinda servicios de alimentación, proporciona en algunos casos los únicos espacios de conectividad disponibles. Es el espacio constitutivo de lo social por excelencia en la infancia y adolescencia, pero su alcance se proyecta a la sociedad en su conjunto.
Por otra parte, escuela es el entorno de transmisión y apropiación de saberes valiosos para una sociedad, que se traducen en habilidades fundamentales para la vida cultural, social y económica, y en la posibilidad de construir un sentido compartido de ciudadanía y de derechos. Más allá del desarrollo cognitivo, de habilidades y de valores, la escuela es un ámbito de significación de lo social, incluyendo a la pandemia como contexto y como vivencia para los actores del proceso educativo. El cierre de los centros educativos y la desigualdad digital han afectado la continuidad de los aprendizajes en un sentido amplio.
En tercer término, el marcado énfasis en lo cognitivo, en particular a partir de la escuela secundaria, deja en evidencia las pocas herramientas en los modelos tradicionales para atender los efectos socioemocionales o psicosociales de la pandemia en los niños/as y jóvenes, las familias y los/as docentes. Padres, madres y cuidadores/as (en particular las mujeres) intentan conciliar la vida laboral, las responsabilidades familiares, las actividades en la comunidad, y su propio bienestar personal. El aislamiento, la reducción de interacción social, la interrupción de las rutinas, la convivencia en espacios reducidos, las limitaciones tecnológicas, la privación de métodos de aprendizaje tradicionales ha resultado en mayores presiones, estrés y ansiedad. No es posible pensar en desarrollo cognitivo sin conexión social y seguridad emocional.
Los gobiernos de la región y los organismos multilaterales han dado ya una voz de alerta sobre la manera como la pandemia ha profundizado las desigualdades preexistentes en el ámbito educativo. Existe un reclamo unánime de los organismos de política públicas sólidas que aseguren el derecho a la educación, en particular de las poblaciones que viven en condiciones socioeconómica de mayor vulnerabilidad. En este sentido, es claro que la responsabilidad para asegurar el acceso y ejercicio del derecho corresponde a los Estados, priorizando la vida y salud de la población. ¿Pueden sumar esfuerzos la sociedad civil y las iglesias para contribuir a que niños, niñas y adolescentes gocen de la educación como derecho?
Observamos cinco dimensiones en las que la diaconía de las iglesias puede hacer un aporte:
- En la resignificación y sostenimiento de la organización comunitaria a nivel territorial. La pandemia ha alterado la interacción y la calidad de los vínculos a nivel comunitario, y en lo educativo ha significado un corrimiento de los roles tradicionales. Los/as educadores no solamente desempeñan tareas diferentes; también ha cambiado su relación con las familias, y el propio lugar social del educador/a se ha modificado. Padres, madres y cuidadores/as se han visto repentinamente jugando roles docentes. Niños, niñas y jóvenes se encuentran en un lugar de educando muy diferente al que existía hasta ahora. Poder hacer significativas las prácticas, su sentido subjetivo y sus implicancias sociales es una tarea urgente de las organizaciones de base y de las iglesias, para poder fortalecer el entramado social en el territorio.
Promover y sostener la organización en lo territorial es clave para pensarse como comunidad educativa, que habilite a instituciones, educadores/as y familias a una la reflexión sobre los problemas de la educación preexistentes y los derivados de la pandemia, y a la elaboración de soluciones apropiadas a los contextos y las capacidades locales.
- En el rescate de la perspectiva de la educación popular como proceso político pedagógico inscripto en la historia de los movimientos sociales y del movimiento ecuménico latinoamericano. Esta perspectiva nos coloca ante dos preguntas clave: primero, aquello que Paulo Freire llamó el “inédito viable”, la dimensión utópica cuya construcción política se constituye en un imperativo ético. Es la cuestión de qué sociedad queremos ser y construir, qué saberes son necesarios, qué es necesario aprender y cómo.
La segunda pregunta es sobre lo que podríamos llamar el “inédito real”: la conciencia de que estamos viviendo un tiempo realmente inédito a nivel global, y que nos debe llevar a plantearnos qué es lo que podemos y debemos aprender de este tiempo. Es decir, cómo constituimos espacios de construcción del sentido subjetivo y social de la experiencia en la pandemia y sus implicancias culturales, económicas y espirituales.
En este contexto ya transformado, es necesario movilizar saberes para orientar el cambio a realidades más justas y solidarias. Esto implica también revisar contenidos y métodos a las nuevas condiciones en que se desarrolla la tarea educativa: la inadecuación de los locales para el distanciamiento, las consecuencias de la desigualdad digital, la carencia de habilidades en el uso de tecnologías, y al mismo tiempo actualizar de manera creativa las mejores estrategias elaboradas en la tradición de la educación popular.
- En el fortalecimiento del apoyo psicosocial y pastoral a las familias y a los educadores y educadoras. La comunidad de práctica de apoyo psicosocial de ACT Alianza realizó un relevamiento del impacto psicosocial de la pandemia derivados del distanciamiento social, el relacionamiento mediado por tecnologías, la violencia de género, el incremento de la carga de trabajo sobre las mujeres, y los problemas económicos.
Éste es un tiempo en que más que nunca se necesita una acción educativa en favor de la empatía, la solidaridad, el apoyo mutuo, la tolerancia. No siempre los modelos educativos tradicionales han prestado suficiente atención a esta dimensión. Se ha desconocido que las habilidades socioemocionales permiten desarrollar actitudes y conductas que permitan lidiar con los desafíos cotidianos, incentivar conexiones solidarias, y desarrollar un compromiso consciente con el cuidado de sí mismo/a y de los otros y otras.
- En trascender el alcance local de los problemas e incorporar en la acción educativa popular una mirada latinoamericana que trascienda fronteras. Recientemente desde CREAS tuvimos la oportunidad de organizar un espacio virtual de intercambio de experiencias de servicio lideradas por jóvenes en respuesta a la pandemia. La videoconferencia constituyó en sí un entorno formativo, en el que se analizaron contextos y se compartieron estrategias, problemas, formas de superarlos, y aprendizajes que pueden ser recontextualizados. Esta dimensión latinoamericana, que conecta desde la espiritualidad y desde las prácticas, resulta fundamental a la hora de movilizar solidaridades y saberes para abordar lo local con una mirada regional.
- En proyectar en la sociedad una voz pública sobre las desigualdades que se profundizan en la pandemia, y la necesidad de políticas inclusivas. Los sistemas educativos en la región se movieron rápidamente hacia la educación en línea, que experimentó un aumento del 60% durante la pandemia. La adopción de tecnologías, sin embargo, se dio en condiciones estructurales de informalidad, vulnerabilidad de las clases medias y trabajadoras, precariedad, infraestructura digital deficiente, baja conectividad y velocidad de internet.
Los datos de los organismos multilaterales están a la vista: en 2019 en la región casi 7 de cada 10 personas tenía conexión a internet, pero en once países de la región entre 6 y 8 personas de cada 10 no tiene conexión. Casi la mitad de los niños entre 5 y 12 años, 32 millones, no posee conexión a internet. . En Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, esto afecta a 8 de cada 10 niños/as de los sectores más pobres. Lo mismo sucede con los dispositivos: en la población en situación de pobreza, como máximo 2 de cada 10 poseen una computadora.
Los impactos de políticas económicas y sociales excluyentes se están experimentando durante la pandemia. Es clave por esto articular esfuerzos a nivel de sociedad civil y de organizaciones basadas en la fe para que se reconozca el acceso a internet como un derecho humano en la medida que habilita al trabajo, la cultura, la educación y la comunicación. Es urgente una voz pública en favor de políticas de acceso universal a servicios digitales en cobertura, calidad y velocidad, así como de habilidades de uso y elaboración de estrategias docentes que permitan avanzar en la inclusión educativa en América Latina.
Escrito por Horacio Mesones, Licenciado en ciencias de la educación (UDELAR, Uruguay), Especialista en teología práctica (EST, Brasil), Especialista en educación y nuevas tecnologías (FLACSO, Argentina). Responsable del área de Movilización de saberes y prácticas en CREAS. Miembro del equipo pastoral de su congregación (Parroquia unida Emanuel – Iglesia Evangélica Metodista Argentina e Iglesia de los Discípulos de Cristo).
