En términos biológicos el COVID-19 afecta a todo ser humano en forma diferencial, pero las condiciones culturales, las desigualdades sociales y la injusticia de género, hacen aún más dramáticos y extensivos los efectos del manejo de la pandemia y generan afectaciones asimétricas por estructuras históricas y culturales. En otras palabras, el COVID-19 no es la causa principal de los problemas de priorizados estos días, es solo el disparador de las consecuencias de una situación arraigada que en Colombia no se ha podido superar.
Con la mirada en el texto bíblico, se puede decir que para el COVID-19 sí importa cuando una persona es afrodescendiente, migrante venezolano, indígena, pobre, vendedor informal, excombatiente, líder social, campesino, mujer o niña. Esto va en contravía de la proyección pastoral de la comunidad cristiana a la que se dirigía Pablo en Gálatas 3:28, en la que se plantea que, por la unidad de la comunidad generada por la fe en Cristo, “no importa”-n los condicionamientos que vienen por las segregaciones culturales, las rupturas sociales y las desigualdades de género. El problema es que, en Colombia frente al COVID19, sí importa-n y mucho.
La sensibilidad global reclama la importancia de la vida y necesitamos traducirla a los problemas de segregación en Colombia. Las vidas negras importan, también las de familias venezolanas y las de las comunidades indígenas. Se tiene que decir porque en el país emergen relatos del sufrimiento de comunidades vulnerables entre tantos que no alcanzan la opinión pública. Por ejemplo, la historia de Anderson Arboleda, un líder negro de 24 años en una región del país azotada por la violencia, que muere a causa de una golpiza de la policía, conforme al relato de sus familiares.
Esta historia se suma a los múltiples abusos de la policía. Otro ejemplo es la historia de Dayana Herrera, migrante venezolana y vendedora de dulces en el servicio público, quien llegó a Colombia con dos hijas de 14 y 10 años, un hijo de 3, su esposo y su padre quien murió por falta de atención médica por no cumplir trámites burocráticos. Un ejemplo muy triste fue la historia de Cristina Bautista, lideresa de la comunidad indígena Nasa y de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, quien expresó, antes de ser asesinada, el sentir resumido de muchas personas en el país: “si nos callamos nos matan, si hablamos también, entonces, hablemos”.
Foto: EL TIEMPO
Las vidas de los habitantes de barrios pobres importan, también las de seres humanos que buscan el sostenimiento económico diario, las de individuos que entregaron sus armas creyendo en un proceso de paz, o las de líderes y lideresas que luchan por sus comunidades poniendo en riesgo su propia vida y la estabilidad de su familia. Las frías estadísticas demuestran que estas vidas en realidad no importan. Según cifras de la Universidad Nacional de Colombia debe asegurarse una renta básica para cubrir al 39,8% de personas en condición de vulnerabilidad, 19,8% de pobreza, 7,2% de pobreza extrema, o el 48,1% que viven de la informalidad. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ya son 200 excombatientes asesinados, firmantes del acuerdo de paz. La organización Somos Defensores documenta una lista de 442 líderes sociales asesinados desde la firma de dicho acuerdo en septiembre de 2016 a marzo de 2020.
La vida de las mujeres y niñas sí importan, pero hay una sombra de duda en la realidad colombiana. Dos ejemplos, en primer lugar, Luz Esmilda Bernal, madre de cuatro hijos, se armó de valor para denunciar a su compañero sentimental, un individuo que la golpeaba y maltrataba sicológicamente, pero su valor le costó la muerte pues fue asesinada a balazos por ese delincuente. A junio, de 2020 ya son 99 mujeres asesinadas con el agravante de un contexto de pandemia. En segundo lugar, una niña de 12 años de la comunidad indígena Embera Chamí, fue violada por un grupo de militares en una zona rural. Esto último se suma al desenfoque de la operación de las fuerzas militares, de las cuales se ha documentado graves denuncias por perfilamientos varios personajes entre las cuales hay mujeres periodistas.
Además de desenfocada, Colombia está terriblemente enferma y no solamente de COVID-19 con alrededor de ciento sesenta mil contagiados y seis mil muertos en cifras oficiales, en el momento de escribir este texto. Además, padece un trastorno que la ha llevado sistemáticamente a usar la demonización de los enfoques en poblaciones vulnerables, como herramienta política contra los esfuerzos por la construcción de paz. Ese trastorno la ha inducido a resguardar su conciencia abstrayendo las obvias y deliberadas agresiones a causa de segregación racial, clasismo social y desigualdad de género, trivializando esas vulnerabilidades en infames y simplistas opiniones sobre el sufrimiento común y complicaciones del destino.
“La COVID-19 es clasista”, es el título de una de las tantas lecturas que dan cuenta de la devastación social de estos tiempos. En esa línea de pensamiento, se puede decir que la sociedad colombiana es racista, clasista y discriminadora. El tratamiento a una situación tan grave puede ser inspirado en una comprensión bíblico-pastoral, que, en el caso de Gálatas, desborda a la comunidad cristiana porque se constituye en una base para la exigencia de una sociedad justa e igualitaria. Es la esperanza y la fe depositada en Cristo, una inspiración a vivir modelos alternativos en las iglesias que puedan ser replicados en proyectos pastorales de diaconía que luchen contra la exclusión por factores étnicos, sociales y de género. Si Colombia se enfoca en eso, puede lograr su sueño de paz.
Jhon Martínez, pastor colombiano, Área de Religión y Desarrollo de CREAS – Julio 2020.
