Rol de las OBF en en la reducción del riesgo de desastres

Como todos los años el 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, fecha que fue instituida en la Resolución 64/200 de la Asamblea General de la ONU del 21 de diciembre de 2009, cuyos propósitos se centran en la generación de conciencia de los gobiernos y la opinión pública para que se tomen todas las medidas posibles para minimizar los riesgos. Riesgos que en ocasiones se relacionan con la intervención y acción de las personas en la naturaleza, brindando cada día más evidencia de que los desastres no son naturales. Los efectos negativos del cambio climático, la escasa preparación de las comunidades para hacer frente a los desastres recurrentes, brindan un conjunto de impactos negativos para el logro de un desarrollo sostenible.

Según señala la Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos a Desastreseste año se ha puesto “el énfasis en la buena gobernanza y la planificación estratégica se justifica por la previsión de un aumento mundial de las temperaturas en 3,2˚C. Los países del G20, responsables del 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero, deben liderar con el ejemplo.”. Sin lugar a dudas estos desafíos que ponen de relevancia el rol de los Estados y sus responsabilidades para preservar la vida y generar los sistemas de respuesta frente a situaciones de desastres, crisis prolongadas para mitigar las pérdidas de vidas, las pérdidas de economías y de bienes públicos (servicios públicos y bienes comunes) junto con complejizar y demorar las agendas de desarrollo de los países, de las comunidades.

En tal sentido el Marco de Sendai (2015-2030) establece una hoja de ruta para los Estados para lograr una significativa reducción de riesgos a desastres, en la misma se establecen un conjunto de prioridades a cumplir por parte de los Gobiernos, donde el rol de la sociedad civil es central para contribuir significativamente en estos propósitos. Dichas prioridades se vinculan íntimamente con la Agenda 2030 que presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los mismos se ven afectados en cada ocasión que un desastre se desencadena.

A nivel global la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, conocido como COVID-19 ha puesto de manifiesto los impactos nunca antes vistos en la vida cotidiana, impactos negativos en las relaciones sociales, en la economía, en los sistemas productivos, los sistemas de salud, de educación entre otros. Las pérdidas de millones de empleos, los impactos en la profundización de la pobreza, el incremento de las desigualdades, los incrementos de situaciones de violencia intrafamiliar, el incremento del abandono escolar, solo por mencionar algunos, dan cuenta de un paisaje global poco alentador ante este desastre global, pocas veces así pensado, donde los muertos e infectados se cuentan por millones. La Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Mami Mizutori, señala que “…la pandemia de COVID-19 bien podría ser la prueba final que necesitábamos para entender que vivimos en un periodo en el que nuestras acciones e inacciones han llevado al planeta más allá de los límites. Debemos poner la resiliencia en el corazón de la recuperación...”

Frente a situaciones de desastres y crisis prolongadas son las propias comunidades afectadas que tratan de generar algún tipo de respuesta con los recursos, saberes y posibilidades que poseen o no. Pero siempre allí están, respondiendo desde sus redes de solidaridad formales e informales, en ocasiones recurren a sus templos e iglesias locales a buscar consuelo, auxilio, recursos y apoyo. Son las Organizaciones Basadas en la Fe (OBF) las cuales día tras días juegan un rol importante en los momentos más críticos de una crisis, de un desastre acompañando, brindando asistencia humanitaria, como así también brindando apoyo psicosocial y resiliencia personal y/o comunitaria.

En ocasiones articulan con los gobiernos locales para el acceso a derechos por parte de la población afectada, acceso que se ven complejizados por escenarios de pobreza estructural, deterioro medioambiental, explotación laboral, discriminación solo por mencionar algunos. Ante los desastres y las crisis las OBF tienen grandes desafíos para desarrollar, desde una perspectiva de derechos humanos, su acción humanitaria asumiendo la necesidad de realizar nuevos aprendizajes, desplegar nuevos mecanismos de solidaridad, de organización de movilización de su voluntariado y sus recursos, como forma clara y comprometida de desarrollar su diaconía.

Desde CREAS en estos meses se han acompañado a diferentes organizaciones comunitarias, iglesias y otras del movimiento ecuménico para brindar una respuesta de emergencia frente al COVID-19, dicha respuesta humanitaria brindó kits de higiene comunitaria, para garantizar normas de higiene en espacios solidarios y en otros casos brindó recursos para garantizar la seguridad alimentaria en diferentes regiones del país, en comunidades en situación de vulnerabilidad, junto con brindar orientaciones prácticas para la acción, las cuales se apoyaron desde la publicación Recomendaciones para la Diaconía Ecuménica durante la Emergencia de COVID-19

El sentido de hacer memoria de este tipo de fechas es poder seguir comprometiéndonos con acciones y recordar a las miles de víctimas que año tras año pierden la vida y a otros tantas que se ven afectadas por los desastres, las crisis, los desplazamientos forzados, el cambio climático, los problemas ambientales, la desigualdad estructural entre otros, donde la preservación de la vida y los derechos humanos son la base indiscutida de sostener la vida para que sea digna, plena y en abundancia.

***Escrito Jorge Fernandez,  Asesor de Desarrollo Socio Comunitario en CREAS. Con más 18 años de trabajo en el sector humanitario, fue Director de Programas de Cruz Roja Argentina y Director General Adjunto. Jefe de Misión para Save the Children en Chile tras el tsunamí y terremoto del 27 F-2010. Ha liderado programas de asistencia humanitaria con refugiados en Argentina, con la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones y ha dirigido el Centro de Apoyo al Refugiado para ADRA en Buenos Aires, con apoyo del ACNUR. . Es licenciado en Organización y Dirección de Instituciones de la Universidad Nacional de San Martín, posee un Diplomado Internacional en Derechos Humanos, Gestión de Riesgos a Desastres y Políticas Públicas en América Latina y el Caribe por la Fundación Henry Dunant en Chile. Actualmente es maestrando en la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata.