“Relatos de lucha por la tierra”: Voces de los defensores de DD.HH. en el Chaco Paraguayo

Lanzamiento de la publicación "Relatos de lucha por la tierra".Foto: Cortesía de Church World Service en Latinoamérica y Caribe.

Criminalización, impunidad y violación de la libertad de expresión, son las denuncias que los defensores de DD.HH. del Chaco Paraguayo, hacen en “Relatos de lucha por la tierra”, primera publicación sobre el tema lanzada por la organización Tierraviva en diciembre de 2015 y apoyada por el Fondo Ecuménico de Pequeños Proyectos del Gran Chaco.[1]

“Lo que buscamos con esta publicación es contribuir a reconstruir la memoria y denunciar públicamente a las personas que estuvieron involucradas en casos de corrupción, persecución y criminalización de comunidades que defienden su territorio en el Paraguay.”, enfatizó Maximiliano Mendieta, autor de la publicación y parte del equipo de Tierraviva, quien afirma que hay poco conocimiento de quienes son los defensores y una cultura casi nula entorno a los derechos humanos en Paraguay.

En este sentido, agregó Mendieta, “En la publicación se trata de vencer esa visión discriminatoria que existe de que los defensores son solo quienes tiene formación académica, como los abogados, los funcionarios públicos también están llamados a ser defensores, un líder indígena puede ser tan defensor de DD.HH., en un ambiente mucho más hostil, de lo que podría tener un profesional.”

Maximiliano Mendieta, del equipo de Tierraviva. Foto: Cortesía de Church World Service en Latinoamerica y Caribe.

Julia Cabello, abogada y coordinadora ejecutiva de Tierraviva, realiza desde el 2005 acompañamiento a casos de comunidades indígenas, especialmente en temas de restitución territorial en el Paraguay, para ella: “Hay una estigmatización de los dirigentes y comunidades indígenas, incluso de los propios técnicos y abogados que acompañan esta lucha por la tierra”, afirma Cabello, acusada por cuestionar un fallo judicial que pretende volver a juzgar la expropiación de tierras que deben ser restituidas a la comunidad Sawhoyamaxa, por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH.[2]

Otro de los objetivos de la publicación es la prevención frente a la expansión del modelo de monocultivo de soja en el chaco paraguayo. Con respecto al tema, los defensores de Tierraviva expresan con preocupación:

“Tenemos un patrón sistemático de asesinatos, desapariciones, imputaciones y cárceles, para líderes y militantes de organizaciones campesinas que se oponen al modelo basado en el monocultivo de Soja en el Paraguay, esto acarrea la persecución y criminalización a las organizaciones campesinas y defensores de DDHH, situación que podría llegar al Chaco”.

Julia Cabello, Directora de Tierraviva. Foto: Cortesía de Church World Service en Latinoamerica y Caribe.

A través de los relatos de los líderes y organizaciones defensoras, en la publicación se confirma que las acciones en contra de los DD.HH. de los pueblos indígenas, están relacionadas con la actividad minera, según Maximiliano: “Actualmente existe en concesión un poco mas de 2 millones de hectáreas para la prospección de petróleo en el Paraguay, lo que evidencia la sistemática violación del derecho a la consulta en las comunidades sedentarizadas y en los grupos indígenas que se encuentran viviendo en estado de aislamiento voluntario. Hay nulo entendimiento del Derecho Internacional por parte de las autoridades, al no hacer participes a las comunidades y pueblos en estos proyectos de prospección.”

Frente a este panorama, una de las recomendaciones formuladas en la investigación, insiste en la generación de un sistema de alerta temprana en caso de violaciones de los derechos de los defensores de DDHH; para ello, Julia Cabello, enfatizó en la importancia de que las comunidades indígenas tengan protocolos de actuación en conjunto con la sociedad y el estado de manera articulada.

Descarga aquí la publicación

 

[1] El Fondo Ecuménico de Apoyo a Proyectos es una iniciativa de CREAS y CWS que apoya el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones sociales, grupos y comunidades del Gran Chaco Sudamericano para transformar las condiciones de pobreza y desigualdad y promover la defensa de los derechos humanos.

[2] Este y otros casos que se relatan en la publicación están vinculados con casos llevados ante la –CIDH, el caso Sawhoyamaxa, tienen una sentencia de la corte interamericana de 2006, por la violación territorial indígena y se encontró al estado responsable por la violación al derecho a la vida, a la protección judicial y especialmente a la propiedad colectiva de las tierras.