Promover derechos de los adolescentes no incluye bajar la edad penal

Desde el momento que un sector del Gobierno Nacional, especialmente el Ministerio de Justicia y de Seguridad de la Nación instalaron una vez más la propuesta de bajar la edad mínima penal, un abanico muy amplio de organizaciones sociales, sindicales, académicos, organismos de derechos humanos, organismos internacionales como UNICEF y otros sectores, han hecho oír su voz de oposición a la misma y bregando asimismo por una mayor garantía desde el Estado para asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promover una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil según estándares internacionales y consecuentemente sin bajar la edad de imputabilidad.

Con matices propios de la diversidad, los diferentes colectivos, redes y agrupamientos confluyeron en una acción común el pasado 23 de Febrero frente al Ministerio de Justicia de la Nación y en ocasión del debate que ese Ministerio había organizado mediante una cuestionable convocatoria dado que el posicionamiento público y explícito de ese organismo en la defensa de la baja de edad, situaba a esa mesa de trabajo en una oscura zona de apariencia participativa. Pero la movilización de centenares de jóvenes de barriadas populares transformó el escenario en una muestra de unidad de acción en firme oposición de bajar la edad.

Si bien todas las voces son respetables y necesarias a la hora de un debate profundo, serio y respetuoso de la construcción democrática de un proyecto superador, no cabe duda que la palabra colectiva de los jóvenes de los sectores populares adquiere una jerarquía especial.

En este sentido recojo el siguiente documento: “Nosotros y nosotras jóvenes que vivimos en los barrios de San Alberto, 17 de Marzo, San Petesburgo y Puerta de Hierro de la localidad de Isidro Casanova en el partido de La Matanza de la Provincia de Buenos Aires, tenemos la intención de que a través de la difusión de este documento, se pueda dar a conocer nuestra opinión acerca de la actual discusión sobre la baja de edad de imputabilidad dentro de la reforma de la ley de justicia penal juvenil.

Si bien tenemos conocimiento sobre delitos cometidos por niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años de edad, también estamos en conocimiento que el total de los delitos cometidos en la Provincia de Buenos Aires en los últimos años corresponden en menos de un 5% a responsabilidad de este grupo, corresponde el otro 95% a mayores de edad que en muchos casos utilizan a menores para trabajar para ellos pagándoles o bajo amenazas.

En este sentido creemos que la discusión de la baja de la edad debería poder acompañarse de la discusión más de fondo de varios temas en dos niveles: en primer término reflexionar acerca de lxs jóvenes que viven con sus familias en los barrios más humildes y las condiciones de vida que hoy se encuentran sobrellevando y las respuestas positivas o negativas que el Estado y la comunidad les dan para poder superar situaciones; y en segundo término las medidas que se han adoptado para poder acompañar a aquellos y aquellas jóvenes que por diferentes circunstancias han delinquido y ya se encuentran en conflicto con la ley penal.”

Finalmente, ¿Por qué bajar la edad de imputabilidad se corresponde con una política estigmatizante y contribuye a generar una cultura del “descarte” al decir del Papa Francisco?, porque se inscribe en la profundización de la injusticia social, genera conductas represivas, porque además no guarda ninguna relación con los reales índices de la inseguridad, sino que lo agrava y finalmente es claramente inconstitucional y representaría un retroceso ético para la vida democrática de nuestra sociedad, por todo ello se debe profundizar la oposición a dicha iniciativa.

Dr. Norberto Liwski, 25 de Febrero de 2017

Dr. Norberto Liwski,  es médico y pediatra social. Ha sido vicepresidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas; asesor del Instituto Interamericano del Niño y director del Observatorio Social Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. Es académico de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires y hace parte de la junta de socios de CREAS.

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